Mahía presentará un proyecto para regular Uber y similares

Añadió que los objetivos son el de “estimular el desarrollo de la economía digital y por otro asegurar las obligaciones legales que garanticen reglas de juego parejas para todos”.

Mahía explicó que estas plataformas deben en todos los casos regirse por las normas vigentes en materias laborales, administrativas, previsionales y tributarias que existen hoy en día.

Los dos primeros artículos del proyecto se centran “en definir el marco de aplicación de la normativa -el territorio nacional- para aquellas actividades que a título oneroso utilizan para su contratación una plataforma informática de intermediación (UBER o las que sean que puedan aparecer en un futuro)”

El artículo tercero establece “el principio de equivalencia y el régimen jurídico a aplicar estableciendo que a los servicios contratados por estos nuevos medios se les deben aplicar las mismas reglas y normas que a los contratados por cualquier otro (entiéndase medios tradicionales)”

En ese marco el artículo cuarto define que tanto las relaciones de trabajo (empleador – empleado) o cualquier otro vínculo generado a partir de la puesta en práctica de las estas plataformas deben en todos los casos regirse por las normas vigentes en materias laborales, administrativas, previsionales y tributarias con el objetivo de que evitar que estos medios electrónicos sean utilizados para ocultar relaciones de trabajo que en los hechos se generen.

El artículo quinto define que aquellos órganos del Estado que tengan competencias en la materia deberán ejercer los poderes jurídicos que les sean propios para fiscalizar el efectivo cumplimiento de todas aquellas obligaciones a las que se encuentren sujetos los prestadores de los servicios o las actividades que estos desarrollen.

Por otro lado el artículo seis determina que los titulares de estas plataformas deberán brindar por los mismos medios electrónicos por los cuales se realizan las prestaciones y de manera permanente, fácil y gratuita -tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos estatales competentes en la materia- aquella información que una posterior reglamentación determine con el objetivo de asegurar la transparencia, y las garantías necesarias.

Por último, el artículo séptimo define que los órganos mencionados previamente deberán comunicar a la Justicia los incumplimientos en que incurran los sujetos pasivos del proyecto de ley en un plazo de tres días de modo tal que sean los Magistrados los que definían las medidas que consideren pertinentes aplicar en el marco de la normativas existentes y con todas las garantías para los sujetos pasivos afectados.

Foto: Parlamento