
Los parlamentarios dieron hoy su visto bueno definitivo al proyecto de ley, que tendrá que ser ratificado por el presidente Abdelfatah al Sisi (foto) y que elimina las penas de cárcel para los trabajadores de las ONG que, por ejemplo, realicen una actividad considerada una amenaza para la seguridad nacional o reciban fondos desde el exterior de forma ilegal.
La nueva norma mantienen multas de un millón de libras egipcias (alrededor de 60.000 dólares) para aquellos que recauden fondos o donaciones "ilegalmente", cuestión por la que han sido juzgados e incluso condenados trabajadores egipcios y extranjeros en los pasados años.
Sin embargo, la nueva ley aún establece restricciones, como la prohibición de realizar "actividades partidistas, políticas o sindicales", además de que las ONG tendrán que contar con la aprobación de las autoridades para publicar los resultados de encuestas o trabajos de campo en las calles egipcias.
Henry aseguró a Efe que "la nueva propuesta presenta un equilibrio entre el mantenimiento de la seguridad nacional y empoderamiento de la sociedad civil" que ahora tendrá "un espacio" para operar "en el marco de la ley".
Asimismo, "resuelve varias cuestiones de la ley de 2017 que restringían las libertades y abre un espacio para que el Gobierno vigile el trabajo de la sociedad civil sin intervenir" en su trabajo, según Henry.
Pero las principales ONG egipcias han rechazado la ley aprobada hoy por considerarla una nueva versión de la anterior con el mismo espíritu "represivo".
El director de la Red Árabe para la Información sobre los Derechos Humanos (ANHRI), Gamal Eid, dijo a Efe que "falta voluntad política para que la sociedad civil participe en el desarrollo" de Egipto, ya que el Gobierno ve a las ONG "como rivales y no como socios".
Eid señaló que la nueva ley otorga a algunos ministerios la potestad de tomar decisiones sobre las ONG en caso de disputa, por lo que el Gobierno será a la misma vez "rival y arbitro".
Por ejemplo, el artículo 74 establece que si una organización extranjera viola la ley, será el "ministerio competente" quien decidirá si suspende su actividad temporalmente o cancela su licencia para operar en Egipto.
Eid destacó algunos aspectos positivos de la nueva norma, como la eliminación del "comité de seguridad", integrado por representantes de la Inteligencia y los Ministerios de Justicia, Defensa e Interior, entre otros, que antes de encargaba de autorizar y supervisar la actividad de las ONG.
Las ONG han visto su labor gravemente restringida desde la llegada de Al Sisi al poder en 2013 y muchas de ellas han sido clausuradas, sus fondos congelados y a día de hoy decenas de trabajadores aún están siendo investigados y se les prohíbe salir del país.
Datos: EFE
Foto: captura Twitter




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