
Los principales precandidatos presidenciales -el actual mandatario, Mauricio Macri, y el peronista Alberto Fernández- apuran los últimos actos de cara a la primera instancia electoral nacional del año, en la que los postulantes que superen el 1,5 % de los votos quedarán habilitados para competir en los comicios generales del 27 de octubre.
A solo dos días de que comience la veda electoral, la decisión del Frente de Todos de Fernández y de la alianza Juntos por el Cambio de Macri de acudir a la Justicia para presentar sendas -pero muy diferentes- denuncias ha avivado la controversia.
La coalición peronista -que encabeza la intención de voto en la mayoría de encuestas- pidió dictar una medida cautelar urgente para apartar a la empresa Smartmatic -con sede en Londres- del proceso de digitalización y transmisión del primer escrutinio, el que se realiza en la noche electoral, por las "graves vulnerabilidades de sus sistemas informáticos denunciadas por especialistas en la materia".
En el texto se solicita la designación de veedores judiciales y auditorías para que el Gobierno, la empresa estatal Correo Argentino y Smartmatic no alteren "directa ni indirectamente" ni demoren el envío y recepción de los telegramas desde los colegios electorales hacia los centros de procesamiento.
Si bien el recuento definitivo de votos lo hace la Justicia Electoral en un plazo de 10 días, en la misma noche de los comicios el Ministerio del Interior, con la colaboración de una empresa tecnológica extranjera, hace un recuento preliminar de sufragios, que es el que primero se difunde en los medios pero que no tiene validez legal.
Este año, el Gobierno concluyó la relación con la española Indra y, supuestamente por ofrecer mejor oferta económica, licitó a Smartmatic el servicio de transmisión de los resultados desde las mesas de votación hasta el centro de cómputos y para el recuento preliminar.
"Sospechamos que el recuento provisorio puede estar afectado por la aparición de esta empresa fantasma, Smartmatic, que no tiene más que pésimos antecedentes", señaló el peronista Felipe Sola en declaraciones radiales.
El Ejecutivo insiste en la transparencia de la licitación y destaca que el sistema contratado busca dotar de más rapidez y eficiencia al proceso y está aprobado por la Cámara Electoral.
Por parte del oficialismo, Juntos por el Cambio presentó otra denuncia para que se determine la procedencia de mensajes de texto enviados a una serie de teléfonos en los que autores anónimos simulan ser de ese espacio con el fin de transmitir datos electorales.
Foto y datos: EFE




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