El gobierno resolvió enviar a Fiscalía para que determine la posible tipificación de delitos, el informe de los interventores del CASMU que detectó irregularidades en la mutualista

Entre otras se “han detectado importantes irregularidades en las contrataciones de servicios en diversas áreas donde un elevado número de los contratos firmados por montos elevados y por plazos de varios años, no han sido aprobados por el Consejo Directivo, ni siquiera informados al mismo, ni en los que se ha respetado lo establecido en los Estatutos de la institución”.

“Se detectaron varios casos en los que funcionarios de la institución son los responsables de adquirir a empresas de las que ellos mismos son representantes o directivos” dice otra parte del informe.

Añade que “se realizan pagos de contratos vencidos, por objetos no incluidos en el alcance de los mismos o por precios diferentes (más elevados) a los pactados contractualmente” y agrega que los interventores han podido detectar “pagos en exceso”.

“Existe un elevado número de empresas tercerizadas contratadas para diferentes objetos, cuyos socios, representantes y domicilios, coinciden” añade la información de los interventores.

La mutualista, dice el informe, continuó contratando personal administrativo, sin comunicarlo a los interventores o con "la negativa por escrito de los mismos", a empresas tercerizadas al mismo tiempo que mantiene en seguro de paro recursos humanos del mismo tipo.

El informe agrega que entre agosto y setiembre de 2024 aumentó en $ 30 millones el gasto en remuneraciones.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La mutualista mantiene una serie de deudas –a octubre de 2024– que ascienden a más de US$ 105 millones, incluye también el reporte de los interventores que ahora es remitido a Fiscalía.