El Gobierno firmó el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo para la puesta en marcha del proyecto Neptuno

El consorcio, que obtuvo la adjudicación en agosto de 2023, está integrado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y FAST.

De la firma del contrato participaron integrantes de Presidencia, como el secretario Rodrigo Ferrés; de OSE, como el presidente Raúl Montero; y el ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Del lado empresarial estuvo, entre otros, Alejandro Ruibal, quien destacó la importancia de la obra. 

El costo de la obra ronda de US$ 294 millones que será asumido por los privados. OSE pagará una vez que se ponga en funcionamiento. Serán unos US$ 890 millones (US$ 50,6 millones anuales durante 17 años y medio) ya que el modelo financiero elegido es de “pagos por disponibilidad”.

Con la firma del convenio, se adjunta un memorandum de entendimiento, en el que se especifica que el proyecto admite modificaciones, explicó Alejandro Ruibal, presidente de Saceem, una de las empresas que integra el Consorcio. Agregó que las modificaciones especificadas en el memoràndum,  principalmente tienen que ver con el reservorio de agua.

Agregó  que la ubicación de la planta no está en juego y será en la zona de Arazatí.

Además, que no hay que que magnificar el impacto de la planta ya que no se trata de una industria de chimeneas y, que además, será “mucho más chica que Aguas Corrientes (...) Yo creo que no debemos magnificar el tema del impacto de planta (...) Además Arazatí  puede ser complementaria con Casupá" aseguró.

El proyecto arrastra críticas del gobierno electo, liderado por Yamandó Orsi, que comenzará sus funciones el próximo 1° de marzo. El ministro de Ambiente designado, Edgardo Ortuño, dijo este miércoles que se debería "aprovechar la oportunidad" de la transición para "estudiar el proyecto" en "el marco de una política nacional de aguas".

En diciembre, ante nuevos reparos del Frente Amplio, Lacalle Pou dijo que no pondría el "freno de mano" al proyecto, pese al cambio de mando previsto, y que aún tiene "la legitimación para gobernar". En este sentido, aseguró que este proyecto se haría "porque es bueno para el país" aunque buscaría "un punto intermedio donde más o menos todos" queden "satisfechos".

A las afueras de la Torre Ejecutiva, donde se firmó el contrato, un grupo de unos 70 manifestantes cantaron, aplaudieron y gritaron contra el proyecto, por ejemplo cuando entró el ministro de Ambiente, Bouvier. Entre ellos había integrantes del sindicato de OSE.

La firma se concretó este jueves 23 en la Torre Ejecutiva y contó con la participación del secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés; la prosecretaria, Mariana Cabrera; el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, el presidente de OSE, Oscar Montero; integrantes del directorio de la empresa estatal y otras autoridades, además de los representantes del consorcio.

Se trata de la inversión más grande de la historia del país en infraestructura para agua potable, expresa un comunicado emitido por la Presidencia de la República.

La obra permitirá contar una fuente alternativa a la que recurrir ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos, como la crisis hídrica que afectó al país en el año 2023, expresa el escrito. De esta forma, se garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana, agrega.

El comunicado informa que se adicionó un memorándum de entendimiento para realizar eventuales modificaciones en el futuro. Esto podría incluir, por ejemplo, alternativas para la localización del reservorio de agua bruta previsto en el proyecto, explica.

“La obra es un compromiso del Gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace décadas, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país”, concluye el comunicado.

Foto: Presidencia