Luego de ser reparado, según detallan los colegas de El País, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, observaron que el cable cruza el lugar de excavación, por lo que pidieron a UTE que se lo mueva a otra zona.
Ante la negativa de la estatal de hacerse cargo de la obra y luego de dos años de negociaciones, se llegó al acuerdo de que se divida en tres partes iguales los costos entre el Ministerio de Defensa, el Instituto y UTE.
Uno de los directores del Instituto, Wilder Tyler, informó a Radio Monte Carlo, que en las últimas horas el Poder Legislativo, firmó la resolución que autoriza al Instituto a gastar el monto para cubrir el costo de retirar y reubicar el cable.
El Servicio de Material y Armamento del Batallón 13, fue un centro clandestino de detención y tortura en el que se estima que entre 1975 y 1977 pasaron por unas 500 personas.
Tyler explicó por qué este lugar genera mucha expectativa. "Es un lugar muy sensible", dijo.
Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Titulares por email